miércoles, 19 de agosto de 2020

El Consejo de Ministros aprueba la reforma legal para terminar con la incapacitación por motivos de discapacidad

La luz verde a este anteproyecto de ley supondrá que se su favorezca la capacidad de decisión de las personas con un sistema de apoyos adecuado


El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley por el que se reformará la legislación civil y procesal en lo referido a las limitaciones de la capacidad jurídica por razón de discapacidad, a fin de acabar con la incapacitación judicial completa de estas personas y, en su lugar, favorecer su capacidad de decisión con un sistema de apoyos adecuado.

Sobre la reforma procesal y civil en materia de discapacidad a la que ha dado luz verde el Gobierno, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado que se está actuando de manera contundente para conseguir que la toma de decisiones de las personas con discapacidad sea fruto de su voluntad y preferencias, y no sean sustituidas en la toma de decisiones de lo que les afecta. "Es una norma que implanta un cambio de paradigma", ha apostillado.

La reforma evitará que, como ocurría hasta ahora, un altísimo porcentaje de las denuncias o avisos recibidos por la fiscalía terminasen en la incapacitación de miles de personas, "lo que implica la muerte civil de las mismas", ha señalado Campo. Esta Ley provee de un apoyo adaptado a cada una de las circunstancias, según el titular de Justicia.

Inspirada en el artículo 10 de la Constitución, responde con rotundidad al respeto a la dignidad de la persona, en la tutela de sus derechos fundamentales y en el respeto a la libre voluntad de la persona con discapacidad.

Supone un cambio importante de terminología, relegando los términos de "incapacidad" e "incapacitación" por otros más precisos y respetuosos, en línea con la reiterada posición ministerial de la importancia que tiene el lenguaje en el ámbito jurídico.

El núcleo principal del proyecto es la regulación de las medidas de apoyo que precisen las personas mayores de edad o emancipadas, para que puedan desarrollar plenamente su personalidad y desenvolverse jurídicamente en condiciones de igualdad. Deben ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad y atender a la voluntad, deseos y preferencias de la persona que requiera la medida.

En definitiva, la nueva ley persigue que las personas con capacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en el futuro de una forma mucho más autónoma y con menos tutelaje.

El texto se ha beneficiado de las aportaciones por parte de colectivos como Cermi, y espera que la tramitación parlamentaria de la Ley se haga de la manera más rápida posible, bajo el paraguas del mayor consenso político.

NOVEDADES
Promovida por los ministerios de Justicia y de Derechos Sociales, la reforma elimina la incapacitación o modificación de la capacidad del Código Civil por el "apoyo", término que engloba desde la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad o la ruptura de barreras arquitectónicas, hasta la representación o sustitución en la toma de decisiones. Este último será un caso aclara, excepcional, cuando el apoyo no pueda prestarse de otro modo.
 
Por tanto, desaparecen las figuras de la tutela para los mayores de edad, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, puesto que "no responden al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad" que busca el texto. También aborda la institución de la curatela, entendida desde la perspectiva asistencial, ya que la representativa se limita a casos "excepcionales". Estos cambios obligan a su vez a la modificación de la Ley Hipotecaria y la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.




El remdesivir, uno de los pocos tratamientos conocidos contra la Covid-19, entra en Europa

La Comisión Europea acordó con la estadounidense Gilead el suministro de este fármaco por 63 millones de euros, lo que garantizará el tratamiento de 30.000 pacientes
Redacción EM 18-08-2020

La Comisión Europea (CE) firmó, recientemente, un contrato con la empresa farmacéutica Gilead para garantizar dosis de tratamiento de Veklury, que es el nombre comercial del remdesivir. Veklury fue el primer medicamento autorizado a nivel de la UE para el tratamiento de la Covid-19. Desde principios de agosto, se pusieron a disposición de los Estados miembros y el Reino Unido lotes de Veklury, con la coordinación y el apoyo de la Comisión, a fin de atender las necesidades inmediatas.

Stella Kyriakides, comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, ha declarado que "en las últimas semanas, la CE ha estado trabajando sin descanso con Gilead a fin de alcanzar un acuerdo que garantice la entrega a la UE de existencias del primer tratamiento autorizado contra la Covid-19. Finalmente, se firmó un contrato que permitirá la entrega de tratamientos para miles de pacientes desde principios de agosto. La CE está haciendo todo cuanto está en su mano para garantizar el acceso a tratamientos seguros y eficaces, y para apoyar el desarrollo de vacunas contra el coronavirus. El acuerdo alcanzado es otro importante paso adelante en nuestra lucha para superar esta enfermedad".

El Instrumento de Asistencia Urgente de la Comisión financiará el contrato, por un importe total de 63 millones de euros. De esa forma se garantizará el tratamiento de 30.000 pacientes con síntomas graves de Covid-19. Esto contribuirá a cubrir las necesidades actuales durante los próximos meses y al mismo tiempo garantizará una distribución justa a nivel de la UE, sobre la base de una clave de reparto, con el asesoramiento del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.

Por otro lado, la CE está preparando una contratación pública conjunta para nuevos suministros del medicamento, con los que se espera cubrir necesidades y suministros adicionales a partir de octubre. 

CONTEXTO
El 3 de julio, el remdesivir se convirtió en el primer tratamiento al que se concedió una autorización condicional de comercialización. Esta autorización facilita el acceso temprano a los medicamentos en situaciones de emergencia de salud pública, como la actual pandemia.

El remdesivir es un tratamiento contra la Covid-19 en adultos y adolescentes a partir de doce años que padecen una neumonía que requiere oxígeno suplementario. La solicitud de autorización de comercialización se presentó a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) el 8 de junio. Los Estados miembros respaldaron la recomendación de la EMA a través del Comité Permanente de Medicamentos de Uso Humano.

Si bien está autorizado en la UE, este medicamento sigue siendo objeto de seguimiento para garantizar la seguridad. También se ha pedido a Gilead que, a más tardar en diciembre de 2020, presente a la EMA los informes finales de los estudios de remdesivir, como parte de las condiciones que han de cumplirse para pasar de una autorización condicional de comercialización a una autorización de comercialización completa. Se espera que, a más tardar en agosto de 2020, se presenten más datos sobre la eficacia y la seguridad del medicamento, al objeto de finalizar este proceso.

martes, 18 de agosto de 2020

La mitad de las comunidades siguen sin estar preparadas para proteger a las personas mayores de las residencias

Una de las conclusiones de un estudio elaborado por el Ceaps es que las regiones reconocen que la pandemia es un problema de salud pública, pero no protegen a los más vulnerables ni a los profesionales ante los rebrotes
Redacción 17-08-2020

Según el estudio del Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (Ceaps) ‘¿Estamos preparados para el Covid?’, la mitad de las comunidades autónomas siguen sin estar preparadas para proteger a las personas mayores que viven en residencias frente al efecto de posibles rebrotes.

De hecho, una de las principales conclusiones del análisis es que las regiones reconocen que la pandemia es un problema de salud pública, pero no protegen a las personas más vulnerables ni a los profesionales ante los rebrotes. Así, en ocho comunidades las competencias de las residencias, antes en los servicios sociales, “han sido derivadas a los departamentos de salud, lo que demuestra esta realidad”, aseguran desde el Ceaps.

El documento es fruto de un trabajo de documentación realizado por los miembros de la organización con el que se pretende analizar la situación de las comunidades tras pasar las fases más duras de la pandemia. Una de las conclusiones es la disparidad de criterios entre las regiones. Algo, por otra parte, que “no es nuevo en un sistema de dependencia que no cuenta con una financiación finalista y clara y que otorga diferentes derechos dependiendo de donde se resida”, asegura Cinta Pascual, presidenta de Ceaps.

El estudio, presentado a finales del mes pasado por Pascual, en la sede del Imserso, en Madrid, muestra también otra realidad que se esconde tras el hecho de que no se prioriza la atención a las personas: se desconoce si han llegado o llegarán los Fondos No Reembolsables anunciados por el Gobierno a las regiones para que puedan llevar a la práctica los planes de y protocolos preparados para estar mejor preparados ante la Covid. Según Pascual, “si la Covid es una enfermedad que amenaza la salud pública de todos y como tal es tratada por Sanidad, la financiación para tratar a las personas, ya vivan en su casa o en una residencia, debería estar prevista en dichos fondos, incluso con carácter finalista”.

El informe resalta que, mientras las residencias tienen un plan individual de contingencia establecido y adaptado a las características de cada centro, las Administraciones autonómicas no han establecido criterios o pautas comunes. Además, explica Pascual,  “es importante señalar que, la realidad afecta tanto a centros públicos como privados o concertados”, recordando además que el 70% de las plazas son públicas en España y financiadas a través de la Ley de Dependencia. “Es necesario dar respuesta a las carencias y para eso hay que saber qué es lo que se está haciendo y qué mejorar. Nuestro objetivo siempre ha sido y es el de colaborar y ser agentes del cambio”, explica Pascual.

LAS EPI Y PCR
La disparidad de criterios se manifiesta en la dotación a los centros de equipos de protección y de tests. Si bien hay comunidades como Cantabria, Catalunya o Castilla-La Mancha que los facilitan indistintamente a personas usuarias y profesionales, otras regiones como Euskadi o Comunidad Valenciana solo los entregan a los profesionales; otras, como  Madrid, Galicia, Aragón o Andalucía, ni usuarios ni sanitarios. Destaca el hecho de que Castilla y León, que sí las suministró hasta el mes de junio, “dejase de hacerlo dejando a las entidades la responsabilidad de dotarse por sí mismas, ya que así lo establece por ley”, explican desde el Ceaps.

En el caso de los PCR, hay algo que comparten todos los territorios: los  reingresos o nuevas altas en residencias, así como la contratación de nuevos profesionales, no puede realizarse sin haberse realizado un test con anterioridad, en un plazo máximo de tres días. “Lo que sí varía es quién se hace cargo de estos PCR ya que hay regiones en las que nadie los financia o facilita dejando en un limbo a las personas mayores que quieren y/o necesitan vivir en un centro especializado”, señalan desde el Ceaps.