martes, 18 de agosto de 2020

La mitad de las comunidades siguen sin estar preparadas para proteger a las personas mayores de las residencias

Una de las conclusiones de un estudio elaborado por el Ceaps es que las regiones reconocen que la pandemia es un problema de salud pública, pero no protegen a los más vulnerables ni a los profesionales ante los rebrotes
Redacción 17-08-2020

Según el estudio del Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (Ceaps) ‘¿Estamos preparados para el Covid?’, la mitad de las comunidades autónomas siguen sin estar preparadas para proteger a las personas mayores que viven en residencias frente al efecto de posibles rebrotes.

De hecho, una de las principales conclusiones del análisis es que las regiones reconocen que la pandemia es un problema de salud pública, pero no protegen a las personas más vulnerables ni a los profesionales ante los rebrotes. Así, en ocho comunidades las competencias de las residencias, antes en los servicios sociales, “han sido derivadas a los departamentos de salud, lo que demuestra esta realidad”, aseguran desde el Ceaps.

El documento es fruto de un trabajo de documentación realizado por los miembros de la organización con el que se pretende analizar la situación de las comunidades tras pasar las fases más duras de la pandemia. Una de las conclusiones es la disparidad de criterios entre las regiones. Algo, por otra parte, que “no es nuevo en un sistema de dependencia que no cuenta con una financiación finalista y clara y que otorga diferentes derechos dependiendo de donde se resida”, asegura Cinta Pascual, presidenta de Ceaps.

El estudio, presentado a finales del mes pasado por Pascual, en la sede del Imserso, en Madrid, muestra también otra realidad que se esconde tras el hecho de que no se prioriza la atención a las personas: se desconoce si han llegado o llegarán los Fondos No Reembolsables anunciados por el Gobierno a las regiones para que puedan llevar a la práctica los planes de y protocolos preparados para estar mejor preparados ante la Covid. Según Pascual, “si la Covid es una enfermedad que amenaza la salud pública de todos y como tal es tratada por Sanidad, la financiación para tratar a las personas, ya vivan en su casa o en una residencia, debería estar prevista en dichos fondos, incluso con carácter finalista”.

El informe resalta que, mientras las residencias tienen un plan individual de contingencia establecido y adaptado a las características de cada centro, las Administraciones autonómicas no han establecido criterios o pautas comunes. Además, explica Pascual,  “es importante señalar que, la realidad afecta tanto a centros públicos como privados o concertados”, recordando además que el 70% de las plazas son públicas en España y financiadas a través de la Ley de Dependencia. “Es necesario dar respuesta a las carencias y para eso hay que saber qué es lo que se está haciendo y qué mejorar. Nuestro objetivo siempre ha sido y es el de colaborar y ser agentes del cambio”, explica Pascual.

LAS EPI Y PCR
La disparidad de criterios se manifiesta en la dotación a los centros de equipos de protección y de tests. Si bien hay comunidades como Cantabria, Catalunya o Castilla-La Mancha que los facilitan indistintamente a personas usuarias y profesionales, otras regiones como Euskadi o Comunidad Valenciana solo los entregan a los profesionales; otras, como  Madrid, Galicia, Aragón o Andalucía, ni usuarios ni sanitarios. Destaca el hecho de que Castilla y León, que sí las suministró hasta el mes de junio, “dejase de hacerlo dejando a las entidades la responsabilidad de dotarse por sí mismas, ya que así lo establece por ley”, explican desde el Ceaps.

En el caso de los PCR, hay algo que comparten todos los territorios: los  reingresos o nuevas altas en residencias, así como la contratación de nuevos profesionales, no puede realizarse sin haberse realizado un test con anterioridad, en un plazo máximo de tres días. “Lo que sí varía es quién se hace cargo de estos PCR ya que hay regiones en las que nadie los financia o facilita dejando en un limbo a las personas mayores que quieren y/o necesitan vivir en un centro especializado”, señalan desde el Ceaps.



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